La Administración pública pondrá en marcha un sistema de evaluación y seguimiento de la inclusión de criterios sociales y ambientales en las compras públicas "en un plazo de cinco meses, medidos a partir del 26 de febrero", según anunció el director general de Economía Social del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera.

 

Barrera, que hizo estas declaraciones con motivo de su intervención en el Foro de Desarrollo Económico Sostenible 2010, organizado por Forética en Sevilla, señaló que esta medida supone un "impulso necesario" a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado de 2007 y a lo que se recoge en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible en su artículo 33, dedicado a la sostenibilidad del sector público.

Así, el director general destacó que en el texto de la Ley "se otorga especial importancia a la transparencia en la gestión, el compromiso con el medio ambiente, la protección de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la integración de la discapacidad".

Europa Press

 

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